Garantizar el derecho a la Defensoría Pública, en beneficio de los sectores sociales que lo requieran, priorizando la atención a las personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad, otorgando servicios jurídicos de asesoría, patrocinio y defensa técnica adecuada y gratuita, en materia penal, justicia para adolescentes, civil, familiar, mercantil, agraria, administrativa, indígena, derechos humanos y constitucional.