GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSORÍA PÚBLICA, EN BENEFICIO DE LOS SECTORES SOCIALES QUE LO REQUIERAN, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, OTORGANDO SERVICIOS JURÍDICOS DE ASESORÍA, PATROCINIO Y DEFENSA TÉCNICA ADECUADA Y GRATUITA, EN MATERIA PENAL, JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, CIVIL, FAMILIAR, MERCANTIL, AGRARIA, ADMINISTRATIVA, INDÍGENA, DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONAL.