ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

Repositorios digitales, testigos inmediatos de la memoria institucional

Por Alma Gandhi Jiménez Castro

El año pasado, trabajé en una investigación sobre la comunicación social digital de los deberes municipales, enfocada a las publicaciones de los ayuntamientos en Facebook, mi interés por el tema creció pues con el paso de los días, no sólo miraba las publicaciones desde la perspectiva de la comunicación social sino también desde la perspectiva de la gestión documental y aún más, cuando leí por primera vez la Ley General de Archivos y asentaba en su articulado el derecho a la verdad y a la memoria histórica.

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Como sabemos, “las redes sociales en la actualidad, son plataformas interactivas en internet que la sociedad utiliza entre otras cosas, para comunicarse, distraerse e informarse; llegando al punto de perder la dimensión entre el mundo físico y el virtual.” (Jiménez, A.: 2018)

Las administraciones gubernamentales en los tres órdenes, se han sumado a esas nuevas posibilidades de comunicación y poco a poco han ido creando un vínculo con su comunidad, una comunidad receptiva que puede encantarse, apropiarse de los contenidos que produce, compartiéndolos o bien, mostrando su desacuerdo y organizándose para evidenciar.

Uno de los temas que frecuentemente se exponen a nivel mediático es lo relacionado a la rendición de cuentas, en palabras de López y Merino (2009), “un antídoto contra la impunidad (p. 8) que permite la obligación de responsabilizarse del encargo asumido y el juicio y/o sanción de quienes le confían el encargo”. La rendición de cuentas “es un concepto que no sólo es teóricamente complejo, sino que su definición práctica y operación suponen la muy elaborada y fina articulación de un amplio conjunto de normas, actores, instituciones y procedimientos” (López y Merino 2009, p. 7).

Inmiscuidos los archivos en esta triada de legislaciones vigentes que hablan de la rendición de cuentas, el acceso a la información y la transparencia, es importante reflexionar sobre la gestión y administración documental, involucrando también el escenario digital, esa ventana gigantesca por la que cualquier persona puede acceder con sólo un clic o tap desde cualquier dispositivo y que las administraciones gubernamentales cada vez ponen más atención y esfuerzos para hacer llegar contenidos de interés para diferentes públicos.

Hace un mes, tuvimos en Oaxaca una jornada de trabajo con motivo de la armonización de la Ley General en los estados y más que interesada en el tema de los archivos digitales, pregunté -a propósito de un comentario sobre que el Archivo General de la Nación estaba preparado para recibir transferencias secundarias digitales-, ¿Qué había pasado con las cuentas de twitter y Facebook de la Presidencia de la República que gestionaba la administración del presidente Enrique Peña Nieto. La pregunta incomodó porque la respuesta fue que esas cuentas no las habían entregado. Y entonces, con todo y la sobre regulación que tenemos en México para custodiar el patrimonio incluido el documental, seguimos negando la oportunidad a todo un país de tener bajo resguardo esa memoria histórica que de forma cronológica por seis años entretejió el andar de nuestro mandatario.

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Traído lo anterior al contexto oaxaqueño, es de pensar que el desafío es grande pues existe una brecha que no sólo es digital-tecnológica sino también de responsabilidad y visión por parte de quienes ejercen el poder. Conjetura Galindo (2013) “parece que algo tiene que morir para que algo crezca” (p.51)

Desde el trabajo de sensibilización para la creación de una cultura documental, es necesario considerar la continuidad de las cuentas desde una perspectiva de preservación de la memoria histórica institucional de las comunidades, asumiendo que las redes sociales son repositorios digitales de acceso público ya que la información publicada proviene de la institución y en ellas se da seguimiento del día a día de la gestión y sirve como canal de difusión activo y emergente en momentos de crisis. Si al término de cada administración se abren y cierran cuentas o no se entrega la administración y/o claves de acceso, cuándo concretaremos la historia institucional de algún lugar.

[custom_gallery source=»media: 4193″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»500″ height=»500″ title=»always»]Disponible para consulta aquí

La fracción XLI del artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal marca como un deber promover la organización y preservación de los archivos municipales. Si las administraciones gubernamentales ven a las redes sociales como un canal de difusión institucional, entonces por qué no generar procesos para también hacer una transición digital al momento del cambio de administración empezando por la entrega de las cuentas y dándole un resguardo a las publicaciones vertidas por las administraciones para que la información se pueda consultar en cualquier momento.

[custom_gallery source=»media: 4194″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»340″ height=»440″ title=»always»]Dispolible para consulta aquí

Es claro que el camino recorrido no es suficiente para garantizar los derechos que custodian las leyes generales en materia de transparencia pero enmarcando el optimismo, la integración de redes sociales como parte del quehacer institucional, es muestra de apertura y sensibilidad para explorar nuevos campos de la acción gubernamental e incentivar buenas prácticas para encontrar información valiosa, en la fracción 48 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia instaurando políticas públicas en este campo, que aunque antiguo en el hacer, es nuevo para la norma.