Compromiso del estado mexicano con las personas defensoras de los derechos humanos. | Gobierno del Estado de Oaxaca

Compromiso del estado mexicano con las personas defensoras de los derechos humanos.

Caso del padre Solalinde.

El estado mexicano refrenda su compromiso con la protección y promoción de la labor transparente que realizan las personas defensoras de los derechos humanos.

A este respecto, el 21 de julio la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa, relativo a los defensores y defensoras de los derechos de los migrantes, referido particularmente al caso del padre José Alejandro Solalinde y otras personas que dirigen un albergue para migrantes en Oaxaca y han solicitado medidas de protección para su vida e integridad personal.

A continuación se transcribe el comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Gobernación:

En el contexto de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de abril de 2010, para proteger la vida e integridad personal de José Alejandro Solalinde Guerra, David Álvarez Vargas, Areli Palomo Contreras, Mario Calderón López y Norma Araceli Doblado Abrego, todos ellos defensores de los derechos de los migrantes y, a su vez, integrantes del Albergue “Hermanos en el Camino”, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, y como parte de las medidas solicitadas por dichas personas, el Gobierno Federal reconoce que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

México es, simultáneamente, país de origen y de tránsito de importantes flujos migratorios, principalmente de migrantes centroamericanos. Por ello, el Gobierno Federal destaca la noble labor que realizan los albergues y las casas para personas migrantes que se encuentran a lo largo de toda la “ruta ferroviaria”, desde la frontera con Guatemala en el estado de Chiapas, hasta los que se ubican en la frontera norte del país, reconociendo que desempeñan su actividad en un ambiente en ocasiones adverso y no exento de riesgos.

El papel de las defensoras y defensores de derechos humanos ha sido reconocido por los Estados americanos mediante múltiples resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), las cuales han sido respaldadas por el Estado mexicano.

De la misma manera, México ha reconocido la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos y la obligación de tomar medidas para que puedan realizar plenamente sus labores. Lo anterior se constata con las recomendaciones aceptadas en el marco de la revisión de México en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.

En México, las políticas públicas relacionadas con el trabajo de las y los defensores de derechos humanos no se circunscriben únicamente a propiciar las condiciones para que los defensores de derechos humanos realicen su labor, sino que contemplan iniciativas para su protección, así como para apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional en la defensa y promoción de los derechos humanos. En particular, dichas políticas públicas atienden los problemas que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en el país, con el objetivo de que su labor no sea obstruida. En este sentido, es de suma importancia que las defensoras y defensores realicen sus labores de manera transparente para que quede claro el fin último de su trabajo.

El Gobierno mexicano expresa su reconocimiento por el trabajo de las y los defensoras y defensores de derechos humanos, quienes trabajan para dar efectividad a los derechos humanos de aquellos que lo necesitan, especialmente los grupos vulnerables como lo son las personas migrantes, así como por ser una pieza fundamental para la plena vigencia de la democracia y del Estado de Derecho.

México, D. F., a 21 de julio de 2010